Deuda pública

Hassam Araiza Ruiz

 

La deuda pública es un instrumento del Estado para diferir sus costos en el tiempo. Gracias a ella, el Gobierno puede elegir entre realizar grandes proyectos de infraestructura o inversión a costa de contraer deuda o mantenerse austero y sin obligaciones financieras.

Los pasivos contraídos por el Estado pueden ser clasificados como de corto o largo plazo, internos o externos, y cada uno se ve afectado por distintos factores.
La deuda interna es afectada solamente por la tasa de interés del país y está denominada en moneda nacional, mientras que la deuda externa es influida, además, por el tipo de cambio y está indicada en moneda extranjera.

El crecimiento económico del país puede verse impactado por la deuda; si esta es utilizada para financiar proyectos de inversión y mejorar la provisión de bienes públicos, potenciará el desarrollo económico del país; sin embargo, si se abusa de ella, los inversores internacionales perderán confianza en el país y llevarán sus fondos a otras economías. Además, restringe la capacidad del Gobierno para actuar en situaciones de emergencia y dificulta la acumulación de capital, lo que presiona a la alza en la tasa de interés y compromete a futuro la estabilidad financiera del Gobierno.     

La emisión de deuda en México ha crecido a niveles preocupantes: en 2015, la deuda pública representaba el 54% del PIB, y solo en el primer trimestre del año creció a una tasa anual de 18%. De seguir así, México podría caer en una situación complicada en la que se vea obligado a contraer más deuda solo para pagar los intereses de la ya contratada.

El constante déficit entre ingresos y gastos que el Gobierno ha mantenido cercano al 4% anual en los últimos periodos ha provocado un crecimiento acelerado de la deuda pública. Este déficit es resultado, en parte, de la caída de los ingresos petroleros del Gobierno federal.

Como se mencionó anteriormente, las consecuencias de contratar deuda de forma desmesurada son graves, y aún más si se considera el entorno económico actual, con el país recibiendo menos ingresos a causa de la caída en los precios del petróleo, una inminente alza en la tasa de interés de la FED, una ya considerable tasa de interés de Banxico y un entorno económico internacional inestable.

Los efectos del complicado entorno internacional en la deuda pública ya son visibles, pues el costo de la deuda se ha incrementado en 13% para el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2015. Este incremento se debe al aumento de la deuda misma y al alza en la tasa de interés de referencia de Banxico.

El constante endeudamiento público provoca que recursos que podrían ser utilizados para el desarrollo social o económico sean redirigidos al pago de intereses de la deuda, además de quitar oportunidad de endeudamiento al sector privado, lo que dificultaría a los empresarios obtener créditos para invertir, y desaceleraría el ciclo económico.

A pesar de que la deuda federal es más preocupante debido a sus dimensiones, la de entidades y municipios también puede llegar a niveles críticos, pues en el país existen estados, como Quintana Roo, en el que su deuda representa el 269% del monto que recibe en participaciones federales.

A diferencia de la deuda federal, la de estados y municipios mantiene una tendencia más favorable, pues a pesar de que no ha disminuido, sí ha desacelerado su crecimiento. Para 2015, solo creció 5.2%, y en 2014, 5.6%. Esto se da en gran medida al aumento de las participaciones federales que reciben los estados y la implementación de proyectos financiados conjuntamente entre el sector público y el privado.

Para nuestro estado, la situación es complicada, pues los 25,590.70 millones de pesos que se tienen como pasivos representan el 62.2% de sus ingresos por participaciones federales; sin embargo, mantiene una tendencia a la baja, pues de 2014 a 2015 redujo su deuda en 3%, pasando de 26,387.50 millones de pesos a 25,590.70 millones de pesos.

Ya se han tomado medidas para el control del endeudamiento de los estados, como la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, aprobada en 2015, que pone más candados para la contratación de deuda pública y fomenta las licitaciones como un mecanismo para promover el correcto uso de recursos públicos y la priorización del gasto.

Sin embargo, el endeudamiento federal permanece sin candados, y de seguir esta tendencia la deuda pública federal podría convertirse en un lastre para el desarrollo económico del país.

Es por esto que medidas de austeridad, como los ya constantes recortes al gasto, son importantes, pero más aún lo es el uso de los recursos públicos, pues de no ser invertidos de la manera adecuada, los recortes al gasto ocasionarán un bajo ritmo de crecimiento económico.

Si bien la deuda puede ser un instrumento para potenciar el desarrollo de la economía, es indispensable que su uso esté regulado y se utilice de manera responsable, pues tiene el potencial de derivar en una crisis soberana que comprometa la capacidad de pago del Estado y afecte las variables reales de la economía.

 

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