La reforma fiscal que no esperábamos

Paulina Contreras*

A partir del primero de enero, entraron en vigor las modificaciones derivadas de la “reforma fiscal” propuesta en septiembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Bien dicen que cuanto más altas son las expectativas, más fuerte es la decepción, si estas no se cumplen. Y algo así fue lo que nos sucedió con la reforma hacendaria, pues más que eso, terminó siendo una reforma recaudatoria.

A inicios del año pasado, Gobierno, académicos y sector empresarial coincidían en la necesidad de una reforma que permitiera simplificar el régimen fiscal para tener mayor competitividad, particularmente en empresas pequeñas y medianas, e incentivar a los negocios a estar en la formalidad.

Tras la presentación de la reforma, a decir del propio presidente de la república, se trataba de una reforma social y anticíclica”.

Sin embargo, conforme fuimos analizando distintos puntos de la reforma, nos dimos cuenta de que atentaba contra la productividad.

La historia en torno a su discusión ya la conocemos. Afortunadamente, y gracias al cabildeo de la sociedad civil organizada, se lograron ajustar varios de los planteamientos originales, como el IVA a las colegiaturas o al arrendamiento y venta de viviendas, por mencionar algunos ejemplos.

Sin embargo, subsistieron medidas que dañarán la inversión, la generación de empleos y, por ende, el desarrollo económico de nuestro país.

Por un lado, se aprobaron los impuestos especiales a alimentos y bebidas con alto contenido calórico, que se adicionaron bajo el argumento de atacar la obesidad. Pero la experiencia internacional demuestra que un impuesto como este no ataca al sobrepeso y, por el contrario, sí estigmatiza a sectores económicos.

La homologación del IVA en la frontera es otro factor que restará competitividad a una zona del país cuya batalla comercial no es con el resto de las entidades, sino con las ciudades vecinas de Estados Unidos, y la dejará fuera de una dinámica de transacciones.

Otro punto que entró en vigor con la nueva reforma fueron los topes a la deducibilidad de las prestaciones sociales, que hasta el año pasado podía ser del 100 %, y ahora solo se deducirá hasta un 53 %. Esta situación precarizará al mercado laboral formal y probablemente orille a muchas empresas a que para futuras contrataciones, sean menos las prestaciones que otorguen y a que, en algunos casos, intenten negociar con sus sindicatos la modificación de las actuales. Sin embargo, este punto puede resultar muy complejo y poco viable.

Quizá uno de los temas que más nos preocupan y también nos ocupan es el excesivo nivel de endeudamiento y gasto público que está previsto en esta reforma, situación que no vemos acompañada de un compromiso real de transparencia y eficacia en su ejecución.

La reforma fiscal que no esperábamosSegún las cifras oficiales, el déficit que está contemplado para el próximo año es del 1.5 %. Sin embargo, este no contempla los compromisos financieros ya adquiridos; es decir, la nueva contratación de deuda rondará el 1.5 %, pero si sumamos la ya existente, nuestro déficit presupuestal rondará el 4.1 % del producto interno bruto. ¿Sabe usted desde hace cuánto no tenemos un déficit superior al 4 %? ¡Desde finales de los años 80!... saque sus cuentas y verá a qué famoso periodo de nuestra historia me refiero. Ni siquiera en la crisis de 2008-2009 tuvimos un déficit tan alto como el que prevé el Gobierno federal. Entonces, la transparencia en esa cantidad inmensa de recursos se vuelve un factor fundamental.

Por ello, lo que nos toca ahora es exigir el establecimiento de una estrategia nacional de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento al gasto público. El objetivo de esta estrategia no solo debe enfocarse en el cumplimiento del gasto presupuestado, sino también deberá buscar una reingeniería de los programas gubernamentales, de modo que el presupuesto de egresos sea utilizado eficientemente al enfocar el gasto a inversión productiva y no solamente a gastos asistenciales.

Hoy me atrevo a pensar que la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo y aprobada por los legisladores fracasó. Recuerdo cuando en una de las ediciones de esta revista, hablé de la necesidad de una reforma fiscal integral, y justo en esa ocasión comenté lo importante que era para México dejar de formular misceláneas fiscales, parches o intentos de reformas como era nuestra costumbre.

La reforma fiscal debió buscar un objetivo fundamental: mejorar la recaudación de impuestos en nuestro país. Pero mejorar la recaudación no es sinónimo de cobrar más, sino de cobrar eficientemente.

Es cierto, México es uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menor recaudación de impuestos tiene, pero gran parte de este problema radica en el alto grado de ocupación informal que existe en el país.

De cada 10 mexicanos que trabajan, 6 lo hacen en el sector informal, es decir, no pagan impuestos derivados de su trabajo. Esto significa que los otros 4 trabajadores del sector formal soportan el esquema recaudatorio.

Es preocupante que el nivel de informalidad en este arranque de 2014 sea mayor que el del empleo formal. Un país con una economía informal más grande que la formal no puede generar riqueza a tasas sostenidas ni combatir la impunidad de sus instituciones ni elevar la productividad de sus empresas.

Resulta imposible para un gobierno operar y hacer su trabajo a partir de recursos limitados; ello justifica la necesidad de recaudar mejor. Sin embargo, esto no es sinónimo de incrementar los impuestos a quienes ya somos contribuyentes cautivos.

La única manera de lograr incrementar esa base gravable era a partir de un impuesto al consumo de alimentos y medicinas. Más de alguno podrá pensar que esta medida sería contraproducente y que atentaba contra las familias mexicanas, pero por ello vale la pena considerar algunos puntos.

El primero de ellos es que los beneficios de tener exentos los alimentos y las medicinas es aprovechado en mayor grado por las personas con mayores ingresos, y no necesariamente beneficia a la población con más carencias.

Incrementar el IVA representaba una necesidad para el país; es un impuesto que nadie puede evadir, ya que todos consumimos, y con ello se incrementaría el número de contribuyentes.

La propuesta de Coparmex giraba en torno a que este impuesto al consumo se acompañara de un mecanismo que compensara los efectos sociales en los sectores más vulnerables de la población a partir de un sistema nacional de beneficiarios de programas de apoyo social. Dichos beneficiarios estarían registrados en un padrón único mediante una cédula de identidad que sustituiría al resto de las identificaciones; esto se aplicaría para los tres niveles de gobierno.

Nuestra visión acerca de este impuesto era vincularlo a una política nacional para combatir la pobreza en México.

No obstante, lamentarnos no sirve de mucho, y aunque reconocemos que dentro de la reforma se lograron puntos como la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU), esta no fue la reforma que nuestro país necesitaba.

Sí, las expectativas eran muy altas, pero hoy, a pesar de estar inconformes, debemos continuar trabajando por México desde cada una de nuestras trincheras.

Desafortunadamente tendremos que esperar (otra vez) una verdadera reforma fiscal, que, en mucho, dependerá de los tiempos políticos. Pero, en ese lapso, nuestro papel es seguir esforzándonos, como ciudadanos, trabajando por el bien de nuestro país.

*Analista económica de Coparmex Jalisco

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